Desplazamientos y despojos de tierras: el gran pendiente de Drummond ante la JEP -
El lunes 14 de julio de 1997, el campesino Daniel Morales fue asesinado cuando regresaba a su parcela de la vereda Mechoacán, de la Jagua de Ibirico, en el Cesar, de donde dos meses antes él y su familia habían sido desplazados por paramilitares. Sin embargo, nueve años más tarde la víctima aparecía otorgando escritura de compraventa a dos personas que enseguida le vendieron la tierra a la compañía Drummond.
No se trataba de casos aislados. En un debate parlamentario promovido en 2014, el senador Iván Cepeda documentó que hacían parte de una estrategia de despojo sistemático de tierras ejecutado mientras la transnacional Drummond construía un corredor de cinco municipios del Cesar para ensanchar sus bloques de explotación carbonífera.
Es cierto que varias de esas tierras fueron ocupadas por campesinos que no disponían de bienes, pero lo es también que su posesión fue forzada progresivamente por el Incoder y por las entidades que lo sucedieron en su misión institucional. Uno de los despachos que más avanzó en sus investigaciones fue la Fiscalía de Chiriguaná, Cesar, que llegó a tener lista una resolución de acusación por los delitos de falsedad material en documento público y concierto para delinquir. Sin embargo, cuando eso ocurrió la Drummond solicitó cambio de asignación del proceso. Según los campesinos de la región lo hizo para evitar a toda costa la cancelación de los títulos.
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