a organización cobraba cerca de 300 dólares a cada migrante que entraba ilegalmente por Ipiales (Nariño).
Ante la contundencia de la evidencia obtenida por la Fiscalía General de la Nación, cinco integrantes de una red de tráfico de migrantes aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en un entramado criminal que garantizaba el ingreso ilegal de extranjeros al país y su salida por vía marítima a Centroamérica.
Un juez penal de conocimiento de Medellín avaló la negociación judicial y condenó a estas personas por los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir agravado.
La organización a la que pertenecieron estas personas contactaba a ciudadanos extranjeros, especialmente haitianos y cubanos, y por 300 dólares, aproximadamente, les brindaban transporte terrestre, manutención, hospedaje en un hotel de Medellín y traslados a Capurganá , donde eran recogidos en lanchas y llevados a Panamá para que siguieran su camino a Estados Unidos.
La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró que esta actividad ilegal la ejercieron entre julio de 2021 y mayo de 2022. Paralelo al proceso penal, en mayo de 2002, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre un hotel y tres vehículos, dos de servicio público y uno particular, que estarían al servicio de la red de tráfico de migrantes. Las propiedades afectadas, cuyo valor supera los 2.
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